Version originale de art3127, rub965, rub961Partimos en este trabajo desde la perspectiva teórica que entiende que el capitalismo mundial ha entrado en una etapa de transformaciones históricas. No se trata meramente de la globalización económica debida a la ampliación de los mercados, ni siquiera de cambios atribuibles a las fuerzas productivas, y menos aun a la sustitución del mercado por el estado, lo que requeriría del replanteo del nuevo papel que este debiera jugar. No fueron pocos los que vieron en el consenso de Washington la promoción “neoliberal” de la globalización, entendiendo como consecuencia de ello el retiro del estado, la apertura de los mercados al proceso de globalización económica así como el avance del capital financiero en desmedro del productivo e industrial. El desempleo, la flexibilización y precarización laboral serían parte del proceso de desindustrialización con el consiguiente aumento de la economía informal. Superar estos males exigiría así una vuelta atrás: menos mercado, renovada protección comercial, industrialización para superar la precariedad y la informalidad laboral y un estado capaz de jugar un rol activo y preponderante en la definicion de politicas.
Contrariamente a esta perspectiva sostenemos que estamos en presencia de un capitalismo de nuevo tipo en el que las transformaciones estructurales acaecidas resultan de la desmaterialización de la producción así como de la desterritorialización de los procesos productivos. Asimismo hemos entrado en una nueva etapa de control biopolítico, en el que el capital como mando trasciende largamente el viejo marco fabril resultando en un paisaje donde éste ha penetrado los intersticios de la vida misma, desplegando de manera capilar nuevos y modernos dispositivos de control. El biopoder avanza generando nuevos espacios.
Pensar la globalidad o la globalización como turn over de la modernidad, implica reconocer la crisis del estado nación en un sentido muy diferente al de la globalización neoliberal. Un aspecto determinante de ella es la crisis de soberanía. En efecto, se disocian crecientemente las nociones de soberanía y territorio y ello se expresa en la dificultad del mando global para hacer frente a la dinámica de antagonismo desencadenada por nuevos sujetos productivos -para algunos, la multitud- que adquiere dimensiones globales. Es justamente este proceso de enfrentamiento a nivel global el que en última instancia determina y vuelve porosa la demarcación territorial de la forma estado. La crisis entre soberanía y gobernanza, inquiere por el análisis de la forma estado. Es decir ¿cuál es la modalidad que adopta la forma estado ante un mando global que es hoy, de carácter biopolítico?
Esta creciente conflictividad global signada por el proceso migratorio y movimientista ha determinado la autonomía de lo económico tras una desregulación que busca imponerse a través de la financiarización mundial. El capitalismo cognitivo, promovido por la lex mercatoria, constituye la base material sobre la que se asienta la desregulación económica y su autonomía. Lex mercatoria cuya fuerza se vuelve efectiva cuando se impulsan reformas que aseguran la primacía del mercado sobre la constitución, sobre el poder constituyente.
La política que desarrolla el capital frente a la crisis pone de manifiesto la subsunción de la sociedad en el capital, como la transformación de las contradicciones – resistencias y rechazos- que ella genera. En estas circunstancias, el estado fordista keynesiano, como estado de la última etapa de la modernidad, lejos de consolidarse, se ve sometido a una dinámica contradictoria y destructiva.
Cuando se afirma que la guerra ya no es la prosecución de la política por otros medios, según la definición de Clausewitz, sino que constituye la propia base la política, se está afirmando que la política se ha transformado en una acción policíaca y violenta, que la guerra ha devenido una actividad interna de la política, organizándola y fundándola. Y esto se ha producido porque la política ha devenido biopoder, control del conjunto de la actividad humana y apropiación feroz ex closure.
Se trata ahora del control político del conjunto de la vida, del desarrollo del biopoder; la guerra no se reduce a producir exterminio, aniquilación del otro. Se ha transformado en productora de orden, un orden integrado global, sin exterior. Es una guerra de policía. El proceso vuelve inmanente el discurso sobre la gobernanza en la medida en que las fronteras se vuelven permeables a los flujos sociales. En ese marco, la soberanía solo puede entenderse como jerarquía vertical que impone poder, que disloca la configuración de la forma estado. La gobernanza global expresa la reconfiguración de la forma estado y la transferencia de la soberanía nacional -radicada anteriormente en los límites del estado nación- hacia un no lugar.
Multilateralismo y governance
Todo parece indicar que el ciclo político del movimiento global altermundialista iniciado en Seattle – continuado en Praga, Barcelona y Génova; alcanzando en febrero de 2003, con las manifestaciones contra la guerra en Irak su mayor visibilidad- se ha cerrado efectivamente. Languidecen hasta casi extinguirse las iniciativas, encuentros preparatorios e instituciones que produjo el ciclo de los distintos Foros Sociales Mundiales – Porto Alegre en 2001, 2002, 2003 y 2005, Bombay en 2004, Karachi, Caracas y Mali en 2006, Nairobi 2007. El FSM, tras un comienzo asombrosamente amplio y dinámico, parece haberse quedado ahora sin aliento. El Foro se encuentra en dificultades para sostener las protestas continentales, lo que no es de extrañar, dadas las vacilaciones para superar la cultura de ONG articulada con politicas antimperialistas demodée que se instalo a poco andar. Habida cuenta de estas limitaciones, tal vez no cabía esperar –salvo en el caso de alguna conmoción global mayor – que prosperara durante mucho tiempo. Aunque es poco probable que su legado desaparezca sin más.
Mientras tanto, la dirigencia política del ciclo adopta un estilo de comunicación pomposamente autorreferenciado que la condena al aislamiento. Sin embargo, el fin de dicho ciclo político no necesariamente indica el fin de los espacios de politización global abiertos luego de la revuelta de Seattle. En efecto, acontecimientos como el de Rostock el año pasado en Alemania en ocasión de la reunión del G8, la que se desarrolla actualmente en Japón, así como la convocatoria del zapatismo alrededor de la Sexta Declaración y de la “Otra Campaña” durante el 2006, si bien no tuvieron la capacidad y fuerza para reactivar el movimiento altermundialista, recuperaron aquella herencia, tan cara a las luchas globales de los últimos 10 años, que proyectaron en la globalización capitalista el terreno inmediato de la confrontación. Aún cuando la lucha parezca tener connotaciones “localista”, la heterogeneidad de la composición del movimiento y la riqueza política que proyecta, espejo del trabajo vivo contemporáneo, continúan planteando la necesidad de inventar nuevas modalidades de organización y de fórmulas políticas.
Por otra parte también ha llegado a un límite el ciclo de mando caracterizado por el unilateralismo estadounidense y encarnado por la administración Bush. Teorizado por los republicanos americanos y por los conservadores británicos entendió la doctrina y la práctica de la “guerra preventiva” como su principal instrumento. Irak representó el intento estadounidense de construcción unilateral y exclusiva de dominio sobre la globalización a través de la guerra permanente como elemento constitutivo del orden imperial. La designación del eje del mal, conformado por los estados demonio, Irak, Irán y Corea del Norte que opera como base de reorganización norteamericana en el Medio oriente, de disputa con el eslabón más débil de la antigua URSS y de toma de posición frente a China respectivamente, abre las puertas, a partir de la guerra preventiva permanente, al ejercicio de una hegemonía unilateral. Sin embargo, el golpe al Imperio de la administración Bush surgido en el 2001 ha sido derrotado por las múltiples resistencias protagonizadas por el movimiento de lucha global. Si bien las acciones de guerra unilateral estadounidenses no han dejado de expresarse (su permanencia en Irak, las amenazas a Irán y las intervenciones en Africa) tales acciones se encuentran aisladas internacionalmente al no encontrar eco en las elites mundiales. Pero aunque -incluso a juicio de parte del establishment- la estrategia norteamericana se encuentra atrapada en Irak parece improbable que ello se resuelva en la pérdida catastrófica de posiciones en Oriente Próximo. Justamente, el concepto de governance denota las características de esta nueva forma de mando; mando articulado y flexible que expresa la construcción de un sistema de relaciones de poder de naturaleza multipolar y multilateral. Frente a estos acontecimientos, la crisis de los mecanismos de la soberanía imperial y la de su legitimidad se convierten en un dato irreversible y permanente poniendo sobre el tapete nuevos dispositivos destinados a afrontar y controlar el irreducible deseo de libertad de las multitudes.
Hacia mediados del año pasado con el surgimiento de un multilateralismo de nuevo tipo aunque sin perfil nítido, parecía que el unilateralismo norteamericano estaba terminando. En ese contexto, se apostaba que el debilitamiento del gobierno de Bush y su política exterior abriría las puertas a nuevos tiempos políticos favorables al desarrollo y dinamismo de los movimientos a nivel global en general y latinoamericano en particular. Mientras la guerra de Irak se empantanaba, se observaban dificultades para alcanzar posiciones comunes en el grupo de los 7, tanto en relación con medio Oriente, como con la posición ante Irán. Sin embargo, en ese contexto, la derrota del unilateralismo republicano no pareciera haber modificado de manera sustancial el escenario político para los gobiernos de centro izquierda y/o los movimientos latinoamericanos. Por el contrario, en el peor momento del unilateralismo, ante la caída más pronunciada de Bush y su política, asistimos a una ofensiva de la derecha contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia, fenómeno que estaría expresando una mayor autonomía de los conflictos nacionales con relación al panorama internacional y, al mismo tiempo, una mayor dependencia con relación a las modalidades y grados de virulencia adquiridos por los enfrentamientos locales. Ni los gobiernos ni los movimientos incorporaron esa nueva correlación de fuerza internacional, como alternativa a la política imperial, a la hora de definir las propias políticas.
En resumen, debemos reconocer, que el nuevo contexto internacional, más allá del mayor grado de libertad que ello implicara para los gobiernos nacionales, no ha adquirido proyecciones significativas en los planos internacional y/o regional. Si bien no está claro aún el posible resultado de las elecciones en EUU no parece que nos encontremos ante cambios sustantivos entre uno u otro candidato (Obama, o MacCain). Todo parece indicar que la política de los EEUU se alineará tras un multilateralismo restringido (en caso que ganara Obama) o hacia un unilateralismo menos drástico (en el caso que resultara ganador Mac Cain) En sintonía con la experiencia inmediata anterior, nada garantiza que los gobiernos y movimientos vayan a ajustar su dinámica política ante posibles cambios en el Norte, salvo que estos tuvieran un carácter drástico.
America Latina en el nuevo contexto
Desde la sublevación zapatista de 1994 se respiran nuevos tiempos políticos en AL sin que por ello deba entenderse un continuo lineal entre aquel acontecimiento y la multiplicidad de nuevas experiencias políticas a nivel de gobierno que le sucedieron: desde el ascenso de Lula en Brasil, pasando por el de Kirchner en Argentina, el de Tabaré Vazquez en Uruguay y de Michelle Bachelet en Chile, hasta la Venezuela de Chavez, la Bolivia de Morales y el Ecuador de Correa, para concluir finalmente, en estos días, con el Paraguay de Lugo. Este proceso que se expresa en el conjunto de cambios gubernamentales confirma que ha llegado a su fin el Consenso de Washington. Se trata de experiencias heterogéneas, cada una con contradicciones y límites propios, con diversas concepciones de política económicas y con formas particulares de entender la relación entre gobierno y movimientos sociales.
En efecto, a pesar del común denominador expresado, (al que debe agregarse otras similitudes como los procesos insurreccionales en México 1994, Venezuela 1989, Argentina 2001, Bolivia 2003 y 2004) debe reconocerse la heterogeneidad en la composición política y técnica de los movimientos que protagonizaron estos cambios. Poco tienen que ver el contenido y perfil político de la lucha de los zapatistas, indígenas bolivianos o ecuatorianos con la de los Movimientos de DDHH que en el Cono Sur fueron vanguardias en el proceso de democratización denunciando la continuidad de las políticas dictatoriales y neoliberales; poco tiene que ver la movilización de los obreros del ABC paulista con la de los piqueteros argentinos; las respuestas políticas de las barriadas caraqueñas con la de las favelas cariocas. La heterogeneidad de estas luchas y movimientos da cuenta de la riqueza de comportamiento y de práctica de insubordinación social que crece en los 80’s y 90’s en AL. La crisis de las políticas neoliberales debe buscarse en la confrontación con estos movimientos, que abrieron su potencialidad de innovación ante las expectativas que las nuevas experiencias de gobierno proyectaban para construir nuevas formas de relación con los movimientos y de recalificación de la democracia. Cierto es que la lucha continúa, aunque debemos reconocer que los niveles de virulencia han disminuido y el ángulo de confrontación se ha modificado. El proceso latinoamericano da señales poco alentadoras: un proceso boliviano jaqueado, el brasileño sin mayores avances, ostensibles dificultades de Lula para profundizar su relación con los movimientos, y Chavez que se mueve entre el carácter indudablemente innovador de sus planes sociales y una creciente burocratización del proceso, sostenido cada vez más en la figura carismática de su jefe; los márgenes de esperanzas dinamizadoras se reducen. A ello se suma el renacer del desarrollismo que, de la mano de una intelligentsia autotitulada progresista, intenta presentarse como alternativa real de crecimiento e integración social, revival del compromiso keynesiano ensayado durante los 70’s y 80’s en diversos países latinoamericanos. Hoy resultan evidentes las limitaciones de esta política: son tiempos en los que el trabajo asalariado industrial encuentra dificultades para constituirse en la vía privilegiada de acceso a la ciudadanía política y social; donde el estado nacional tropieza con escollos estructurales para cumplir las funciones de estado benefactor, con fronteras nacionales amenazadas por la globalización y sometido a la desestructuración por las políticas neoliberales.
Con excepción del rico proceso boliviano y también el ecuatoriano, se ha diluido la declamada cantera de experimentación política y democrática que a comienzos del nuevo milenio se abría en AL y que permitió imaginar nuevas soluciones políticas asentadas en la construcción de nuevas relaciones entre gobiernos y movimientos y nuevas políticas que interpretaran los cambios alcanzados por las políticas neoliberales luego de su crisis. Esta esperanza se ha diluido a pesar del debilitamiento del ALCA. Es esta una realidad que no podemos obviar, si se trata de acercarnos a las potencialidades que permitan mostrar el entorno en que nos movemos.
El ciclo de luchas protagonizado fundamentalmente por las comunidades y pueblos indígenas hacia mediados de los 90 -Bolivia 2000, guerra del agua; 2003 guerra del gas y 2005 caída del gobierno de Lozada y Mesa. Ecuador: 1997, caída de Bucaram; 2000, caída de Mahuad; 2005 (con sectores urbanos incluidos) caída de Gutierrez; México: Zapatismo (hoy encerrado en Chiapas); 2006, Atenco, 2006-07, Oaxaca- parece haber concluido. En todos los casos se trató de sectores sociales con amplia base rural; comunidades locales con organización flexible y con estructuras internas laxas; basados principalmente en la autoridad moral de sus dirigentes tradicionales y sus voceros, así como en la producción de consensos colectivos sobre objetivos específicos. En algún momento de la movilización, los contingentes en lucha presentaron propuestas legislativas sobre importantes temas específicos de la problemática de cada país (ley indígena, ley de agua, ley de hidrocarburos, reglamentos conexos con estas últimas). El rasgo común ha sido la defensa de los recursos naturales entendidos como patrimonio colectivo, tanto de la nación como de las comunidades, y el derecho primigenio de ambos a decidir sobre su patrimonio en los respectivos ámbitos; es decir, la voluntad de combinar la soberanía nacional y la autonomía comunal o local como lugares complementarios e inseparables del derecho y el poder de decisión.
La lectura que privilegiaba el análisis a partir de los cambios en el gran país del Norte – del unilateralismo al multilateralismo- como elemento de incidencia relevante sobre los procesos movilizatorios y sus potencialidades, parece no tener ya sustento a la hora de dar cuenta del contenido de las movilizaciones. Se ha hecho manifiesta la capacidad social y política de veto de los movimientos a formas determinadas de la política neoliberal expresadas en la privatización de la riqueza pública o colectiva.
La impronta del componente campesino e indígena ha tenido una particular influencia en este proceso. La significación política de la insurgencia campesina e indígena se advierte por su repercusión sobre las estructuras de poder así como en los dispositivos y agenciamientos políticos del estado. Las consecuencias políticas más importantes del proceso resultan en los gobiernos de Evo y Correa como producto directo del enfrentamiento. Pero, repetimos, debemos saber leer que la insubordinación, luego de haber puesto en jaque al mismo sistema de dominación, de haber llevado a estado de suspensión el ejercicio del dominio general del estado e instituciones gobernantes, se detiene o se interrumpe una vez alcanzado alguno de los principales objetivos que detonaron la acción colectiva. Mientras, los conglomerados que fueron capaces de generar la situación de crisis tienden a volver a su normalidad. En el caso ecuatoriano si bien se ha avanzado en la instalación de una Asamblea Constituyente, es prematuro diagnosticar sobre su futura evolución.
La Asamblea Constituyente boliviana merece una mención aparte. En el imaginario de los pueblos indígenas y originarios se concibió como el instrumento por excelencia para el inicio de un proceso radical de descolonización. Sin embargo, en tanto Asamblea constituyente como tal, si bien debió conformarse como instrumento del poder constituyente originario es decir de la movilización, acción y práctica transformadora de las redes comunitarias y organizativas que atravesaron el proceso boliviano, su limitada convocatoria (al dejar de lado las autonomías y el poder constituido) provocó su debilitamiento antes de su nacimiento. Bolivia, al igual que otras naciones latinoamericanas es portadora de una democracia inmadura, relativamente joven, cuyo principal obstáculo reside en la posibilidad cierta de que el poder constituyente –asentado en los movimientos indigenistas- sea forzado a detenerse y a ser excluido de la propia constitución, bloqueando así su potencia de transformación, una vez alcanzada ella. Se trataría, en este caso, una vez más, de aquellos intentos históricos de suspensión impuestos desde afuera, que terminan congelando todo proceso de transformación social tras el surgimiento de un tipo de estado que deja al poder constituyente debilitado, exhausto.
Cuando podía llegar a su fin el ciclo del poder constituido, cuando podía instalarse una nueva forma de diseño de estado, y de sociedad, el antiguo estado, supuestamente destruido, pugna por instalar un nuevo diagrama de control desviando la potencia social hacia el reforzamiento de las anacrónicas instituciones. A pesar de ello puede decirse que el nuevo mapa institucional es una combinación de formas liberales, indígenas y populares, en el sentido del Estado de bienestar. Lo que no deja de ser un avance. Algunos lo llaman estado plurinacional. La gran novedad es que la constitución no puede ser vista como un elemento de la regulación social sino en todo caso el producto del antagonismo social.
Prueba de ello es la ofensiva de la derecha en Bolivia. Es el momento de mayor debilidad del proceso boliviano. La ofensiva es mucho más que la simple disputa por la renta energética como quiere plantearse. Es el claro objetivo de desestabilizar al gobierno de Evo, provocar su caída y derrotar o frenar el proceso boliviano. De sustraer la potencialidad al poder constituyente y congelarlo en la letra fría de la constitución. Y es que la importancia sustantiva de la revolución boliviana en curso reside en haber sabido reinventar el común bajo la forma de la gestión política democrática de los bienes comunes, nos referimos al agua y al gas (energía). Al extender y reconocer los derechos económicos, políticos y sociales del conjunto de los habitantes la transformación boliviana se ha dado en el marco del reconocimiento del crisol de razas y culturas que conforman la nación andina. Nunca como hasta ahora en Bolivia –y potencialmente en Ecuador- la temática del poder constituyente, del proceso constituyente y del rol que en ese proceso juega la relación entre los movimientos y el poder estatal, ha devenido central. Es la relación intrínseca, interior, entre el poder constituyente y los movimientos sociales, múltiples y populares la que modula y modela la lucha por las transformaciones sociales en los países andinos. Este es el elemento novedoso, sustantivo, primordial que debe rescatarse. Lo relevante de este devenir es el cuestionamiento a la idea moderna del fin del poder constituyente cuando se pone en marcha la propia constitución. Este es el meollo de la reacción en Bolivia. Todo lo demás es negociable. Bolivia resulta ser el paradigma de la experiencia constituyente. Expresión, no solo en AL sino globalmente, de la indetenible crisis de la modernidad y de sus teorizaciones, provocada, en la contingencia actual, por la crisis del capitalismo global.
Cuestionamiento similar realiza la derecha brasileña al gobierno de Lula tras sus intentos de democratización de la sociedad brasileña. Búsqueda de superación de las desigualdades sociales ancladas en los colores de raza.
Nuestro problema es dimensionar la potencialidad excedente de los movimientos de estos días, cuando todo parece indicar que el ciclo latinoamericano ha terminado. Inscripto en esas potencialidades, ¿cuál es el resto de estos conglomerados humanos para la acción colectiva, para darse forma, articular y organizarse, así como para proyectarse políticamente midiendo límites y alcances estratégicos?. Y esta tarea la debemos llevar a cabo en medio de una resaca heredada de términos que han sido vaciados de sentido, que han perdido los significados antes atribuidos y que siguen siendo arma teórica favorita de una izquierda anecrosada: revolución, socialismo, izquierda, etc.
Todo parece indicar una burocratización creciente del proceso venezolano con un Chavez que asocia la idea de socialismo del siglo XXI a la estatización de la economía (nacionalización de SIDOR). Deforme recuerdo y peor caricatura de los inicios de la revolución cubana. Paralelamente la política exterior de Chavez deja poco resto para la construcción de una posición alternativa (Irán, China) presentándose más como alter ego de la inexistente URSS del mundo bipolar desaparecido. Anomalía mayor si se integra el multilateralismo como forma de política internacional. Mi duda: ¿se puede encarrilar el proceso venezolano, o ya está perdido? La Reforma constitucional venezolana fue diseñada e implementada siguiendo los caminos clásicos de la modernidad. Esto es, la vitalidad y fortaleza de la nueva Constitución no se asienta en el propio poder constituyente, sino en la correlación de fuerzas alcanzadas, en este caso entre Chavez y las elites venezolanas, habida cuenta de la intrínseca abstracción del poder constituyente que se produjera. Chávez ha estado más dedicado a confrontar con Uribe luego de la muerte de Reyes y la liberación de los rehenes que al desarrollo de una política de afianzamiento latinoamericano, casi preocupado exclusivamente por el curso de la política en Bolivia.
Dos eran los proyectos integradores pensados para impulsar el MERCOSUR: el banco del Sur y el Gasoducto del Sur. Ambos han entrado en un cono de sombra. La paralización del proyecto del Banco del Sur responde más a la rivalidad y competencia no resuelta entre Venezuela, Brasil y Argentina que a la existencia de obstáculos reales. Más allá de los escollos que significa la continuidad del BANDES brasileño y del que Itamaraty no está dispuesto a desprenderse. Con relación al Gasoducto del sur, éste parece haber entrado en desgracia frente a las inconsistencias técnicas asociadas a su construcción. Por su parte Brasil sigue liderando políticamente el Mercosur mediante una geopolítica articulada alrededor del impulso del bloque Sur-Sur, las alianzas con la China, India y Sudáfrica y los acuerdos comerciales con el grupo de los 20 (OMC). A esta parálisis se le suma la dificultad para incorporar como miembro pleno a Venezuela. Con relación al Banco del Sur la predisposición mayor de los gobiernos coincidió con la ruptura de K con el FMI y el entierro del ALCA luego de la cumbre de Mar del Plata. Luego de ello el proceso de mayor independencia y la apuesta a una interdependencia se habrían debilitado, o al menos entrado en un impasse. Ecuador impulsa el CAN (Comunidad Andina de Naciones) junto con Perú, Colombia y Bolivia.
La vieja izquierda latinoamericana sigue viendo al Mercosur como una propuesta expansionista de las multilatinas: las multinacionales latinoamericanas, como un espacio de disciplinamiento de Venezuela por Brasil y Argentina (acuerdo con Israel luego del apoyo de Venezuela a los Palestinos), partidaria finalmente del ALBA como alternativa por su propuesta de nacionalización de los recursos naturales y estatización de las empresas privadas estratégicas. No acierta a salir de los marcos del análisis de la dependencia en un mundo globalizado.
¿No deberíamos pensar en el impulso de un proceso de instalación del tema energético y alimenticio como elemento potenciador y disparador nuevamente del proceso de integración latinoamericana (gas boliviano, petróleo venezolano, ecuatoriano y ahora brasileño conjuntamente con materias primas alimenticias argentinas) ante el localismo de los movimientos y la atonía de los gobiernos?
Argentina. El devenir de los movimientos durante el kirchnerismo
La dinámica de los movimientos en Argentina se enmarca en la dinámica latinoamericana que a su vez se inserta en la del capitalismo global. El ascenso a la presidencia de Kirchner en el año 2003 no puede explicarse sin la revuelta del 19 y 20 de diciembre de 2001, de la misma manera, la política neodesarrollista, neokeynesiana con rasgos redistributivos del gobierno kirchnerista -una anomalía en tiempos de globalización- no puede entenderse, sino como necesidad del capital de disminuir tensiones y recuperar su mando frente al trabajo vivo. Kirchner interpretó cabalmente las demandas del 19 y 20 de una política diferente, de una modalidad de gestión política y económica de nuevo tipo. El gobierno rápidamente se hizo eco de la crítica al neoliberalismo, en consonancia con el surgimiento de un nuevo polo latinoamericano de centroizquierda: Lula, Vazquez y Bachelet a quienes se sumarían luego Evo Morales en Bolivia y Correa en Ecuador acentuando el perfil mas confrontativo impulsados por el chavismo venezolano.
En sintonía con los enfrentamientos latinoamericanos, el ciclo de lucha político argentino que tuvo como principal impulsor en 2001 a los movimientos de desocupados, los piqueteros, ha tocado a su fin promovido por dos hechos fundamentales. 1- por un lado la política del gobierno kirchnerista que avanzó como topadora ante los movimientos, integrándolos en algunos casos, desgastándolos en otros y cuestionando su propia existencia; 2- por otro, la propia política de los movimientos dirigidos por una izquierda atávica y recurrente en sus planteos de tipo fordista, sin comprender las características del nuevo tipo de capitalismo que comenzaba a perfilarse.
Version originale de art3127, rub965, rub961
Partimos en este trabajo desde la perspectiva teórica que entiende que el capitalismo mundial ha entrado en una etapa de transformaciones históricas. No se trata meramente de la globalización económica debida a la ampliación de los mercados, ni siquiera de cambios atribuibles a las fuerzas productivas, y menos aun a la sustitución del mercado por el estado, lo que requeriría del replanteo del nuevo papel que este debiera jugar. No fueron pocos los que vieron en el consenso de Washington la promoción “neoliberal” de la globalización, entendiendo como consecuencia de ello el retiro del estado, la apertura de los mercados al proceso de globalización económica así como el avance del capital financiero en desmedro del productivo e industrial. El desempleo, la flexibilización y precarización laboral serían parte del proceso de desindustrialización con el consiguiente aumento de la economía informal. Superar estos males exigiría así una vuelta atrás: menos mercado, renovada protección comercial, industrialización para superar la precariedad y la informalidad laboral y un estado capaz de jugar un rol activo y preponderante en la definicion de politicas.
Contrariamente a esta perspectiva sostenemos que estamos en presencia de un capitalismo de nuevo tipo en el que las transformaciones estructurales acaecidas resultan de la desmaterialización de la producción así como de la desterritorialización de los procesos productivos. Asimismo hemos entrado en una nueva etapa de control biopolítico, en el que el capital como mando trasciende largamente el viejo marco fabril resultando en un paisaje donde éste ha penetrado los intersticios de la vida misma, desplegando de manera capilar nuevos y modernos dispositivos de control. El biopoder avanza generando nuevos espacios.
Pensar la globalidad o la globalización como turn over de la modernidad, implica reconocer la crisis del estado nación en un sentido muy diferente al de la globalización neoliberal. Un aspecto determinante de ella es la crisis de soberanía. En efecto, se disocian crecientemente las nociones de soberanía y territorio y ello se expresa en la dificultad del mando global para hacer frente a la dinámica de antagonismo desencadenada por nuevos sujetos productivos -para algunos, la multitud- que adquiere dimensiones globales. Es justamente este proceso de enfrentamiento a nivel global el que en última instancia determina y vuelve porosa la demarcación territorial de la forma estado. La crisis entre soberanía y gobernanza, inquiere por el análisis de la forma estado. Es decir ¿cuál es la modalidad que adopta la forma estado ante un mando global que es hoy, de carácter biopolítico?
Esta creciente conflictividad global signada por el proceso migratorio y movimientista ha determinado la autonomía de lo económico tras una desregulación que busca imponerse a través de la financiarización mundial. El capitalismo cognitivo, promovido por la lex mercatoria, constituye la base material sobre la que se asienta la desregulación económica y su autonomía. Lex mercatoria cuya fuerza se vuelve efectiva cuando se impulsan reformas que aseguran la primacía del mercado sobre la constitución, sobre el poder constituyente.
La política que desarrolla el capital frente a la crisis pone de manifiesto la subsunción de la sociedad en el capital, como la transformación de las contradicciones – resistencias y rechazos- que ella genera. En estas circunstancias, el estado fordista keynesiano, como estado de la última etapa de la modernidad, lejos de consolidarse, se ve sometido a una dinámica contradictoria y destructiva.
Cuando se afirma que la guerra ya no es la prosecución de la política por otros medios, según la definición de Clausewitz, sino que constituye la propia base la política, se está afirmando que la política se ha transformado en una acción policíaca y violenta, que la guerra ha devenido una actividad interna de la política, organizándola y fundándola. Y esto se ha producido porque la política ha devenido biopoder, control del conjunto de la actividad humana y apropiación feroz ex closure.
Se trata ahora del control político del conjunto de la vida, del desarrollo del biopoder; la guerra no se reduce a producir exterminio, aniquilación del otro. Se ha transformado en productora de orden, un orden integrado global, sin exterior. Es una guerra de policía. El proceso vuelve inmanente el discurso sobre la gobernanza en la medida en que las fronteras se vuelven permeables a los flujos sociales. En ese marco, la soberanía solo puede entenderse como jerarquía vertical que impone poder, que disloca la configuración de la forma estado. La gobernanza global expresa la reconfiguración de la forma estado y la transferencia de la soberanía nacional -radicada anteriormente en los límites del estado nación- hacia un no lugar.
Multilateralismo y governance
Todo parece indicar que el ciclo político del movimiento global altermundialista iniciado en Seattle – continuado en Praga, Barcelona y Génova; alcanzando en febrero de 2003, con las manifestaciones contra la guerra en Irak su mayor visibilidad- se ha cerrado efectivamente. Languidecen hasta casi extinguirse las iniciativas, encuentros preparatorios e instituciones que produjo el ciclo de los distintos Foros Sociales Mundiales – Porto Alegre en 2001, 2002, 2003 y 2005, Bombay en 2004, Karachi, Caracas y Mali en 2006, Nairobi 2007. El FSM, tras un comienzo asombrosamente amplio y dinámico, parece haberse quedado ahora sin aliento. El Foro se encuentra en dificultades para sostener las protestas continentales, lo que no es de extrañar, dadas las vacilaciones para superar la cultura de ONG articulada con politicas antimperialistas demodée que se instalo a poco andar. Habida cuenta de estas limitaciones, tal vez no cabía esperar –salvo en el caso de alguna conmoción global mayor – que prosperara durante mucho tiempo. Aunque es poco probable que su legado desaparezca sin más.
Mientras tanto, la dirigencia política del ciclo adopta un estilo de comunicación pomposamente autorreferenciado que la condena al aislamiento. Sin embargo, el fin de dicho ciclo político no necesariamente indica el fin de los espacios de politización global abiertos luego de la revuelta de Seattle. En efecto, acontecimientos como el de Rostock el año pasado en Alemania en ocasión de la reunión del G8, la que se desarrolla actualmente en Japón, así como la convocatoria del zapatismo alrededor de la Sexta Declaración y de la “Otra Campaña” durante el 2006, si bien no tuvieron la capacidad y fuerza para reactivar el movimiento altermundialista, recuperaron aquella herencia, tan cara a las luchas globales de los últimos 10 años, que proyectaron en la globalización capitalista el terreno inmediato de la confrontación. Aún cuando la lucha parezca tener connotaciones “localista”, la heterogeneidad de la composición del movimiento y la riqueza política que proyecta, espejo del trabajo vivo contemporáneo, continúan planteando la necesidad de inventar nuevas modalidades de organización y de fórmulas políticas.
Por otra parte también ha llegado a un límite el ciclo de mando caracterizado por el unilateralismo estadounidense y encarnado por la administración Bush. Teorizado por los republicanos americanos y por los conservadores británicos entendió la doctrina y la práctica de la “guerra preventiva” como su principal instrumento. Irak representó el intento estadounidense de construcción unilateral y exclusiva de dominio sobre la globalización a través de la guerra permanente como elemento constitutivo del orden imperial. La designación del eje del mal, conformado por los estados demonio, Irak, Irán y Corea del Norte que opera como base de reorganización norteamericana en el Medio oriente, de disputa con el eslabón más débil de la antigua URSS y de toma de posición frente a China respectivamente, abre las puertas, a partir de la guerra preventiva permanente, al ejercicio de una hegemonía unilateral. Sin embargo, el golpe al Imperio de la administración Bush surgido en el 2001 ha sido derrotado por las múltiples resistencias protagonizadas por el movimiento de lucha global. Si bien las acciones de guerra unilateral estadounidenses no han dejado de expresarse (su permanencia en Irak, las amenazas a Irán y las intervenciones en Africa) tales acciones se encuentran aisladas internacionalmente al no encontrar eco en las elites mundiales. Pero aunque -incluso a juicio de parte del establishment- la estrategia norteamericana se encuentra atrapada en Irak parece improbable que ello se resuelva en la pérdida catastrófica de posiciones en Oriente Próximo. Justamente, el concepto de governance denota las características de esta nueva forma de mando; mando articulado y flexible que expresa la construcción de un sistema de relaciones de poder de naturaleza multipolar y multilateral. Frente a estos acontecimientos, la crisis de los mecanismos de la soberanía imperial y la de su legitimidad se convierten en un dato irreversible y permanente poniendo sobre el tapete nuevos dispositivos destinados a afrontar y controlar el irreducible deseo de libertad de las multitudes.
Hacia mediados del año pasado con el surgimiento de un multilateralismo de nuevo tipo aunque sin perfil nítido, parecía que el unilateralismo norteamericano estaba terminando. En ese contexto, se apostaba que el debilitamiento del gobierno de Bush y su política exterior abriría las puertas a nuevos tiempos políticos favorables al desarrollo y dinamismo de los movimientos a nivel global en general y latinoamericano en particular. Mientras la guerra de Irak se empantanaba, se observaban dificultades para alcanzar posiciones comunes en el grupo de los 7, tanto en relación con medio Oriente, como con la posición ante Irán. Sin embargo, en ese contexto, la derrota del unilateralismo republicano no pareciera haber modificado de manera sustancial el escenario político para los gobiernos de centro izquierda y/o los movimientos latinoamericanos. Por el contrario, en el peor momento del unilateralismo, ante la caída más pronunciada de Bush y su política, asistimos a una ofensiva de la derecha contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia, fenómeno que estaría expresando una mayor autonomía de los conflictos nacionales con relación al panorama internacional y, al mismo tiempo, una mayor dependencia con relación a las modalidades y grados de virulencia adquiridos por los enfrentamientos locales. Ni los gobiernos ni los movimientos incorporaron esa nueva correlación de fuerza internacional, como alternativa a la política imperial, a la hora de definir las propias políticas.
En resumen, debemos reconocer, que el nuevo contexto internacional, más allá del mayor grado de libertad que ello implicara para los gobiernos nacionales, no ha adquirido proyecciones significativas en los planos internacional y/o regional. Si bien no está claro aún el posible resultado de las elecciones en EUU no parece que nos encontremos ante cambios sustantivos entre uno u otro candidato (Obama, o MacCain). Todo parece indicar que la política de los EEUU se alineará tras un multilateralismo restringido (en caso que ganara Obama) o hacia un unilateralismo menos drástico (en el caso que resultara ganador Mac Cain) En sintonía con la experiencia inmediata anterior, nada garantiza que los gobiernos y movimientos vayan a ajustar su dinámica política ante posibles cambios en el Norte, salvo que estos tuvieran un carácter drástico.
America Latina en el nuevo contexto
Desde la sublevación zapatista de 1994 se respiran nuevos tiempos políticos en AL sin que por ello deba entenderse un continuo lineal entre aquel acontecimiento y la multiplicidad de nuevas experiencias políticas a nivel de gobierno que le sucedieron: desde el ascenso de Lula en Brasil, pasando por el de Kirchner en Argentina, el de Tabaré Vazquez en Uruguay y de Michelle Bachelet en Chile, hasta la Venezuela de Chavez, la Bolivia de Morales y el Ecuador de Correa, para concluir finalmente, en estos días, con el Paraguay de Lugo. Este proceso que se expresa en el conjunto de cambios gubernamentales confirma que ha llegado a su fin el Consenso de Washington. Se trata de experiencias heterogéneas, cada una con contradicciones y límites propios, con diversas concepciones de política económicas y con formas particulares de entender la relación entre gobierno y movimientos sociales.
En efecto, a pesar del común denominador expresado, (al que debe agregarse otras similitudes como los procesos insurreccionales en México 1994, Venezuela 1989, Argentina 2001, Bolivia 2003 y 2004) debe reconocerse la heterogeneidad en la composición política y técnica de los movimientos que protagonizaron estos cambios. Poco tienen que ver el contenido y perfil político de la lucha de los zapatistas, indígenas bolivianos o ecuatorianos con la de los Movimientos de DDHH que en el Cono Sur fueron vanguardias en el proceso de democratización denunciando la continuidad de las políticas dictatoriales y neoliberales; poco tiene que ver la movilización de los obreros del ABC paulista con la de los piqueteros argentinos; las respuestas políticas de las barriadas caraqueñas con la de las favelas cariocas. La heterogeneidad de estas luchas y movimientos da cuenta de la riqueza de comportamiento y de práctica de insubordinación social que crece en los 80’s y 90’s en AL. La crisis de las políticas neoliberales debe buscarse en la confrontación con estos movimientos, que abrieron su potencialidad de innovación ante las expectativas que las nuevas experiencias de gobierno proyectaban para construir nuevas formas de relación con los movimientos y de recalificación de la democracia. Cierto es que la lucha continúa, aunque debemos reconocer que los niveles de virulencia han disminuido y el ángulo de confrontación se ha modificado. El proceso latinoamericano da señales poco alentadoras: un proceso boliviano jaqueado, el brasileño sin mayores avances, ostensibles dificultades de Lula para profundizar su relación con los movimientos, y Chavez que se mueve entre el carácter indudablemente innovador de sus planes sociales y una creciente burocratización del proceso, sostenido cada vez más en la figura carismática de su jefe; los márgenes de esperanzas dinamizadoras se reducen. A ello se suma el renacer del desarrollismo que, de la mano de una intelligentsia autotitulada progresista, intenta presentarse como alternativa real de crecimiento e integración social, revival del compromiso keynesiano ensayado durante los 70’s y 80’s en diversos países latinoamericanos. Hoy resultan evidentes las limitaciones de esta política: son tiempos en los que el trabajo asalariado industrial encuentra dificultades para constituirse en la vía privilegiada de acceso a la ciudadanía política y social; donde el estado nacional tropieza con escollos estructurales para cumplir las funciones de estado benefactor, con fronteras nacionales amenazadas por la globalización y sometido a la desestructuración por las políticas neoliberales.
Con excepción del rico proceso boliviano y también el ecuatoriano, se ha diluido la declamada cantera de experimentación política y democrática que a comienzos del nuevo milenio se abría en AL y que permitió imaginar nuevas soluciones políticas asentadas en la construcción de nuevas relaciones entre gobiernos y movimientos y nuevas políticas que interpretaran los cambios alcanzados por las políticas neoliberales luego de su crisis. Esta esperanza se ha diluido a pesar del debilitamiento del ALCA. Es esta una realidad que no podemos obviar, si se trata de acercarnos a las potencialidades que permitan mostrar el entorno en que nos movemos.
El ciclo de luchas protagonizado fundamentalmente por las comunidades y pueblos indígenas hacia mediados de los 90 -Bolivia 2000, guerra del agua; 2003 guerra del gas y 2005 caída del gobierno de Lozada y Mesa. Ecuador: 1997, caída de Bucaram; 2000, caída de Mahuad; 2005 (con sectores urbanos incluidos) caída de Gutierrez; México: Zapatismo (hoy encerrado en Chiapas); 2006, Atenco, 2006-07, Oaxaca- parece haber concluido. En todos los casos se trató de sectores sociales con amplia base rural; comunidades locales con organización flexible y con estructuras internas laxas; basados principalmente en la autoridad moral de sus dirigentes tradicionales y sus voceros, así como en la producción de consensos colectivos sobre objetivos específicos. En algún momento de la movilización, los contingentes en lucha presentaron propuestas legislativas sobre importantes temas específicos de la problemática de cada país (ley indígena, ley de agua, ley de hidrocarburos, reglamentos conexos con estas últimas). El rasgo común ha sido la defensa de los recursos naturales entendidos como patrimonio colectivo, tanto de la nación como de las comunidades, y el derecho primigenio de ambos a decidir sobre su patrimonio en los respectivos ámbitos; es decir, la voluntad de combinar la soberanía nacional y la autonomía comunal o local como lugares complementarios e inseparables del derecho y el poder de decisión.
La lectura que privilegiaba el análisis a partir de los cambios en el gran país del Norte – del unilateralismo al multilateralismo- como elemento de incidencia relevante sobre los procesos movilizatorios y sus potencialidades, parece no tener ya sustento a la hora de dar cuenta del contenido de las movilizaciones. Se ha hecho manifiesta la capacidad social y política de veto de los movimientos a formas determinadas de la política neoliberal expresadas en la privatización de la riqueza pública o colectiva.
La impronta del componente campesino e indígena ha tenido una particular influencia en este proceso. La significación política de la insurgencia campesina e indígena se advierte por su repercusión sobre las estructuras de poder así como en los dispositivos y agenciamientos políticos del estado. Las consecuencias políticas más importantes del proceso resultan en los gobiernos de Evo y Correa como producto directo del enfrentamiento. Pero, repetimos, debemos saber leer que la insubordinación, luego de haber puesto en jaque al mismo sistema de dominación, de haber llevado a estado de suspensión el ejercicio del dominio general del estado e instituciones gobernantes, se detiene o se interrumpe una vez alcanzado alguno de los principales objetivos que detonaron la acción colectiva. Mientras, los conglomerados que fueron capaces de generar la situación de crisis tienden a volver a su normalidad. En el caso ecuatoriano si bien se ha avanzado en la instalación de una Asamblea Constituyente, es prematuro diagnosticar sobre su futura evolución.
La Asamblea Constituyente boliviana merece una mención aparte. En el imaginario de los pueblos indígenas y originarios se concibió como el instrumento por excelencia para el inicio de un proceso radical de descolonización. Sin embargo, en tanto Asamblea constituyente como tal, si bien debió conformarse como instrumento del poder constituyente originario es decir de la movilización, acción y práctica transformadora de las redes comunitarias y organizativas que atravesaron el proceso boliviano, su limitada convocatoria (al dejar de lado las autonomías y el poder constituido) provocó su debilitamiento antes de su nacimiento. Bolivia, al igual que otras naciones latinoamericanas es portadora de una democracia inmadura, relativamente joven, cuyo principal obstáculo reside en la posibilidad cierta de que el poder constituyente –asentado en los movimientos indigenistas- sea forzado a detenerse y a ser excluido de la propia constitución, bloqueando así su potencia de transformación, una vez alcanzada ella. Se trataría, en este caso, una vez más, de aquellos intentos históricos de suspensión impuestos desde afuera, que terminan congelando todo proceso de transformación social tras el surgimiento de un tipo de estado que deja al poder constituyente debilitado, exhausto.
Cuando podía llegar a su fin el ciclo del poder constituido, cuando podía instalarse una nueva forma de diseño de estado, y de sociedad, el antiguo estado, supuestamente destruido, pugna por instalar un nuevo diagrama de control desviando la potencia social hacia el reforzamiento de las anacrónicas instituciones. A pesar de ello puede decirse que el nuevo mapa institucional es una combinación de formas liberales, indígenas y populares, en el sentido del Estado de bienestar. Lo que no deja de ser un avance. Algunos lo llaman estado plurinacional. La gran novedad es que la constitución no puede ser vista como un elemento de la regulación social sino en todo caso el producto del antagonismo social.
Prueba de ello es la ofensiva de la derecha en Bolivia. Es el momento de mayor debilidad del proceso boliviano. La ofensiva es mucho más que la simple disputa por la renta energética como quiere plantearse. Es el claro objetivo de desestabilizar al gobierno de Evo, provocar su caída y derrotar o frenar el proceso boliviano. De sustraer la potencialidad al poder constituyente y congelarlo en la letra fría de la constitución. Y es que la importancia sustantiva de la revolución boliviana en curso reside en haber sabido reinventar el común bajo la forma de la gestión política democrática de los bienes comunes, nos referimos al agua y al gas (energía). Al extender y reconocer los derechos económicos, políticos y sociales del conjunto de los habitantes la transformación boliviana se ha dado en el marco del reconocimiento del crisol de razas y culturas que conforman la nación andina. Nunca como hasta ahora en Bolivia –y potencialmente en Ecuador- la temática del poder constituyente, del proceso constituyente y del rol que en ese proceso juega la relación entre los movimientos y el poder estatal, ha devenido central. Es la relación intrínseca, interior, entre el poder constituyente y los movimientos sociales, múltiples y populares la que modula y modela la lucha por las transformaciones sociales en los países andinos. Este es el elemento novedoso, sustantivo, primordial que debe rescatarse. Lo relevante de este devenir es el cuestionamiento a la idea moderna del fin del poder constituyente cuando se pone en marcha la propia constitución. Este es el meollo de la reacción en Bolivia. Todo lo demás es negociable. Bolivia resulta ser el paradigma de la experiencia constituyente. Expresión, no solo en AL sino globalmente, de la indetenible crisis de la modernidad y de sus teorizaciones, provocada, en la contingencia actual, por la crisis del capitalismo global.
Cuestionamiento similar realiza la derecha brasileña al gobierno de Lula tras sus intentos de democratización de la sociedad brasileña. Búsqueda de superación de las desigualdades sociales ancladas en los colores de raza.
Nuestro problema es dimensionar la potencialidad excedente de los movimientos de estos días, cuando todo parece indicar que el ciclo latinoamericano ha terminado. Inscripto en esas potencialidades, ¿cuál es el resto de estos conglomerados humanos para la acción colectiva, para darse forma, articular y organizarse, así como para proyectarse políticamente midiendo límites y alcances estratégicos?. Y esta tarea la debemos llevar a cabo en medio de una resaca heredada de términos que han sido vaciados de sentido, que han perdido los significados antes atribuidos y que siguen siendo arma teórica favorita de una izquierda anecrosada: revolución, socialismo, izquierda, etc.
Todo parece indicar una burocratización creciente del proceso venezolano con un Chavez que asocia la idea de socialismo del siglo XXI a la estatización de la economía (nacionalización de SIDOR). Deforme recuerdo y peor caricatura de los inicios de la revolución cubana. Paralelamente la política exterior de Chavez deja poco resto para la construcción de una posición alternativa (Irán, China) presentándose más como alter ego de la inexistente URSS del mundo bipolar desaparecido. Anomalía mayor si se integra el multilateralismo como forma de política internacional. Mi duda: ¿se puede encarrilar el proceso venezolano, o ya está perdido? La Reforma constitucional venezolana fue diseñada e implementada siguiendo los caminos clásicos de la modernidad. Esto es, la vitalidad y fortaleza de la nueva Constitución no se asienta en el propio poder constituyente, sino en la correlación de fuerzas alcanzadas, en este caso entre Chavez y las elites venezolanas, habida cuenta de la intrínseca abstracción del poder constituyente que se produjera. Chávez ha estado más dedicado a confrontar con Uribe luego de la muerte de Reyes y la liberación de los rehenes que al desarrollo de una política de afianzamiento latinoamericano, casi preocupado exclusivamente por el curso de la política en Bolivia.
Dos eran los proyectos integradores pensados para impulsar el MERCOSUR: el banco del Sur y el Gasoducto del Sur. Ambos han entrado en un cono de sombra. La paralización del proyecto del Banco del Sur responde más a la rivalidad y competencia no resuelta entre Venezuela, Brasil y Argentina que a la existencia de obstáculos reales. Más allá de los escollos que significa la continuidad del BANDES brasileño y del que Itamaraty no está dispuesto a desprenderse. Con relación al Gasoducto del sur, éste parece haber entrado en desgracia frente a las inconsistencias técnicas asociadas a su construcción. Por su parte Brasil sigue liderando políticamente el Mercosur mediante una geopolítica articulada alrededor del impulso del bloque Sur-Sur, las alianzas con la China, India y Sudáfrica y los acuerdos comerciales con el grupo de los 20 (OMC). A esta parálisis se le suma la dificultad para incorporar como miembro pleno a Venezuela. Con relación al Banco del Sur la predisposición mayor de los gobiernos coincidió con la ruptura de K con el FMI y el entierro del ALCA luego de la cumbre de Mar del Plata. Luego de ello el proceso de mayor independencia y la apuesta a una interdependencia se habrían debilitado, o al menos entrado en un impasse. Ecuador impulsa el CAN (Comunidad Andina de Naciones) junto con Perú, Colombia y Bolivia.
La vieja izquierda latinoamericana sigue viendo al Mercosur como una propuesta expansionista de las multilatinas: las multinacionales latinoamericanas, como un espacio de disciplinamiento de Venezuela por Brasil y Argentina (acuerdo con Israel luego del apoyo de Venezuela a los Palestinos), partidaria finalmente del ALBA como alternativa por su propuesta de nacionalización de los recursos naturales y estatización de las empresas privadas estratégicas. No acierta a salir de los marcos del análisis de la dependencia en un mundo globalizado.
¿No deberíamos pensar en el impulso de un proceso de instalación del tema energético y alimenticio como elemento potenciador y disparador nuevamente del proceso de integración latinoamericana (gas boliviano, petróleo venezolano, ecuatoriano y ahora brasileño conjuntamente con materias primas alimenticias argentinas) ante el localismo de los movimientos y la atonía de los gobiernos?
Argentina. El devenir de los movimientos durante el kirchnerismo
La dinámica de los movimientos en Argentina se enmarca en la dinámica latinoamericana que a su vez se inserta en la del capitalismo global. El ascenso a la presidencia de Kirchner en el año 2003 no puede explicarse sin la revuelta del 19 y 20 de diciembre de 2001, de la misma manera, la política neodesarrollista, neokeynesiana con rasgos redistributivos del gobierno kirchnerista -una anomalía en tiempos de globalización- no puede entenderse, sino como necesidad del capital de disminuir tensiones y recuperar su mando frente al trabajo vivo. Kirchner interpretó cabalmente las demandas del 19 y 20 de una política diferente, de una modalidad de gestión política y económica de nuevo tipo. El gobierno rápidamente se hizo eco de la crítica al neoliberalismo, en consonancia con el surgimiento de un nuevo polo latinoamericano de centroizquierda: Lula, Vazquez y Bachelet a quienes se sumarían luego Evo Morales en Bolivia y Correa en Ecuador acentuando el perfil mas confrontativo impulsados por el chavismo venezolano.
En sintonía con los enfrentamientos latinoamericanos, el ciclo de lucha político argentino que tuvo como principal impulsor en 2001 a los movimientos de desocupados, los piqueteros, ha tocado a su fin promovido por dos hechos fundamentales. 1- por un lado la política del gobierno kirchnerista que avanzó como topadora ante los movimientos, integrándolos en algunos casos, desgastándolos en otros y cuestionando su propia existencia; 2- por otro, la propia política de los movimientos dirigidos por una izquierda atávica y recurrente en sus planteos de tipo fordista, sin comprender las características del nuevo tipo de capitalismo que comenzaba a perfilarse.
1- Los primeras medidas del gobierno kirchnerista, – cambios en la Corte Suprema de Justicia, la actitud ante los organismos de DDHH y ante los organismos de crédito internacional, (FMI)-, generaron gran expectativa en un movimiento desgastado y persistente en las luchas a pesar de los escasos resultados obtenidos. Para el año 2003 había quedado atrás la solidaridad social y la lucha unificada de empleados y desempleados desarrollada en los meses subsiguientes a diciembre del 2001 a partir de la consigna emblemática: “piquetes cacerolas, la lucha es una sola”. Los espacios comunes se fueron disolviendo ayudados por la criminalización de la protesta social y el aislamiento político de los movimientos que impulsó el gobierno de Duhalde y, de manera espasmódica, también el gobierno de Kirchner.
En efecto, el kirchnerismo, frente a los movimientos más confrontativos, intentó integrarlos políticamente y hegemonizarlos. A pesar de reconocer la existencia de nuevos actores y subjetividades sociales desconoció la dimensión constituyente de los movimientos (prácticas asamblearias, críticas a la representatividad, métodos de acción directa, producción de medios alternativos de comunicación) como la creatividad y capacidad de gestar nuevas políticas. En esta dinámica, la libertad política de los movimientos respecto a la oficial se diluyó rápidamente. Se produjo así una integración subordinada y dependiente con relación al kirchnerismo que se consolidó en una relación gobierno-movimientos muy lejos de reconocer al trabajo de los movimientos constituyendo de por si producción política. Una de las deudas pendientes del gobierno en su política social es la universalización de planes de ayuda a desocupados. Estos siguen siendo digitados de manera clientelar para control político del gobierno y resultan funcionales a la representatividad, ya de por si cuestionada, obturando la posibilidad de autonomía e independencia.
De este modo el gobierno de Kirchner terminó integrando institucionalmente a aquellos movimientos de desocupados más afines a su política: su dirigencia es hoy parte de la estructura de gobierno, en especial en la Provincia de Buenos Aires, u ocupan bancas en el Congreso Nacional. Con la desarticulación, han perdido grados de libertad, capacidad movilizatoria y de discusión interna. Quienes dirigen estos movimientos colocan en el estado el fundamento de la política de enfrentamiento con el neoliberalismo e impulsan la recuperación de espacios estatales perdidos en manos del mercado. Sin comprender la crisis del fordismo, demandan la vuelta a una situación de pleno empleo, formal y permanente, viendo en la precarización e informalidad laboral la mano perversa del neoliberalismo.
2- La pérdida de autonomía y libertad política de los movimientos ha sido también promovida por la izquierda de pensamiento único que actuó como dirección política del conjunto de las luchas. Se trata de una izquierda incapaz de comprender el nuevo tipo de capitalismo en gestación, que sigue manifestándose partidaria de verdades seculares propias de un pasado cuya geografía socioeconómica nada tiene que ver con los días que corren. Ni la composición de clase es la misma; ni el comando capitalista se ejerce de igual forma; ni la organización que adopta el movimiento toma rasgos del pasado. En fin, ni la naturaleza del trabajo es la misma. El análisis de esta izquierda termina responzabilizando, una vez más, a la fragilidad organizativa, a la inmadurez de la conciencia política y al predominio del espontaneísmo político, las causas del fracaso de la resistencia de los últimos años. Elementos que terminan en la imposibilidad de sintetizar la diversidad de las movilizaciones del 19 y 20 en un nuevo sujeto político. Sujeto portador de los atributos necesarios para consolidar una correlación de fuerzas existentes. No comprende que alteraciones en la composición de clase implican alteraciones en las formas de organización política. No incorpora que la crisis de la relación salarial fordista invalidó la forma fordista de representación política. Plantear hoy prioritariamente el problema del partido, significa dejar de lado una lectura crítica de la representación: se trata en todo caso de destruir, desestructurar la representación y plantar el problema de la expresión, construir el concepto de expresión. Es el momento en que aparece una nueva problemática: la de la relación del movimiento con la estructura institucional del poder. Cuando el movimiento se vuelve asunto del gobierno, y estamos frente a la governancia, en ese momento los movimientos adquieren más importancia que el partido.
Sin embargo, no puede negarse la voluntad política del gobierno en cuanto a modificar las reglas de juego internacionales cuestionando las instituciones de carácter financiero (FMI, BM) que dirigen y regulan el mando global. Así como el impulso a las políticas del MERCOSUR y las alianzas con los gobiernos de Chavez, Lula y Evo Morales.
También debe reconocerse la productividad política del gobierno en el terreno de los DDHH, fundamental para la democratización de la sociedad. Ha asumido un discurso que en muchos aspectos rescata la memoria de las luchas de los 70’s y confronta abiertamente con la política del Terror de Estado. Al impulsar la política de la memoria ha producido hechos importantes: la entrega de la ESMA y La Perla dos centros clandestino de tortura y represión emblemáticos de la dictadura militar.
Frente a la biopolítica del gobierno se desplegaron dos opciones 1- aquella que rechazaba la construcción de espacios sociopolíticos por fuera de los del comando del capital: generación de economías de subsistencia, emprendimientos productivos comunitarios (panaderías, fábricas de guardapolvos, huertas comunitarias). Se trata de una construcción por fuera de la historia y asentada fundamentalmente en aquel pensamiento negativo de raíz hollowiana. 2- también se optó por la construcción de espacios políticos de contrapoder, una modalidad de enfrentamiento con el comando del capital que reproducía viejas formas organizativas de la época fordista.
La primera, consistió en resistir construyendo espacios alejados del comando del capital que resultaron no sólo ingenuos sino peligrosos en cuanto a sus consecuencias políticas. Esta izquierda comparte con aquella que se ha sumado al gobierno, la idea de que el estado es el factum principal para todo cambio y que la precariedad e informalidad laboral son producto del neoliberalismo. Mientras, abogan por la industrialización, el mercado interno y el pleno empleo.
Sin embargo, ni los movimientos integrados al gobierno ni la izquierda en sus distintas variantes se muestran capaces de explicar cómo, a pesar de las tasas de crecimiento chino registradas en los últimos 4 y ½ años, solo el 38 % del empleo es formal mientras el 60 % de la fuerza laboral se encuentra en condiciones de precariedad, no esta registrada o desarrolla actividades de subsistencia. Desde el punto de vista salarial el 55 % de la fuerza laboral se encuentra por debajo del salario mínimo; si tomamos a los ocupados el 48 % tiene salarios por debajo del mínimo. Solo el 38 % de los asalariados se encuentra bajo contrato de trabajo.
No es posible interpretar las condiciones de vida de los barrios del conurbano de la Pcia de Buenos Aires sino a partir de la crisis de producción fordista que significó la disminución drástica de mano de obra no calificada. El trabajo y tipo de producción han cambiado. En los treinta años gloriosos el conurbano era la fuente inagotable de fuerza de trabajo fordista poco calificada, hoy, en virtud del nuevo tipo de trabajo requerido, ha dejado de serlo. El cierre de fábricas en los 90 no implicó falta de trabajo, sino que éste se encontraba fuera de las fábricas, era diferente y correspondía a otras exigencias. Exigía inversión en la formación, enseñanza en la calificación. Y precisamente es éste el esfuerzo que los poderes públicos no han querido realizar. Los habitantes del conurbano han sido confinados no solo a un espacio cerrado, sino también a tiempos pasados. La imposibilidad de aquellos viejos trabajadores fordistas para conseguir empleo se atribuye a la crisis de la producción fordista, fatalismo que remite a causas estructurales de la que nadie se siente responsable. Mientras tanto, se oculta el nuevo paradigma del trabajo, hay un mutismo cómplice sobre el tema. Se cataloga al conurbano como el lugar de la improductividad. Se lo condena por algo que ya no existe. A la vez, se rechaza la nueva productividad cooperativa, comunicacional, lingüística, subjetiva, atribuyendo al conurbano ser el paradigma de la improductividad social radical.
Un análisis particular exige el movimiento de los DDHH. La casi totalidad de los organismos históricos de DDHH nacionales han sido de una u otra manera absorbidos por la política oficial. Las Madres de Plaza de Mayo (en sus distintas variantes -Hebe Bonafini y Línea Fundadora) así como Abuelas, han asumido una posición grotesca de dependencia y seguidismo ante las políticas oficiales. Cierto es que la política de Kirchner ha sido clara en cuanto a los DDHH: terminar con la impunidad, acelerar los juicios hacia la verdad y justicia. Es este el principal handicap político del gobierno. La desaparición de Julio López, en septiembre de 2006, testigo del juicio a Etchecolatz (conocido represor, Jefe de la Policía de Provincia de Buenos Aires durante la dictadura) resulta un ejemplo de la dinámica que asumió el movimiento en esta área. Primero porque muestra la existencia, aun en el subsuelo del estado, de restos del Terror de Estado. Segundo, porque se enmarca en la continuidad de una política del control social por el terror y el miedo. Tercero, porque se da en un contexto de apertura de un nuevo ciclo de luchas en el terreno de los DDHH que tiene como eje el juicio a los violadores de los DDHH, aunque ya no se trata de las Juntas, sino de los directos torturadores. Juicios que, si bien son impulsados por el gobierno, tienen el antecedente en la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final votadas por la totalidad del Congreso. El espacio de los juicios tiene una importancia particular porque contribuye a afianzar el proceso de democratización de la sociedad, en la medida que en muchos casos la justicia, socia de los poderes locales provinciales, resulta el principal obstáculo para su avance. En ese marco debe incorporarse en estos días el juicio a Menendez, principal responsable del campo de concentración de La Perla en Córdoba.
¿Dónde esta la expresión del común de los desocupados y del movimiento de DDHH? ¿Cual es la lectura que podemos hacer sobre la experiencia territorial de los asentamientos urbanos de los últimos años?
La exigencia de una realidad que obligó a los desocupados a convertirse en sujetos de su propia palabra, de sus propios actos, a pesar y por la pérdida del trabajo, significó el redescubrimiento de la potencia de subjetivación. Fue a partir de la dimensión del común ligada a las condiciones materiales, políticas, sociales, económicas que se desarrollaban en el territorio. ¿Cual era el común en boca de los actores? La precariedad. Se trataba y se trata de una precariedad no elegida, aunque vivida, y que alcanza tanto a las condiciones materiales de existencia como a las de la reproducción. La virulencia de las tomas de asentamientos y de los piquetes sólo puede explicarse si vemos en la potencia de su accionar el reflejo de su supervivencia. La multitud se hace presente: agenciamiento de singularidades con innumerables diferencias, invención de un nosotros provisorio, aquel del barrio, estratégicamente articulado de manera local y temporalmente situado, en función de objetivos específicos producidos en un contexto de lucha y susceptibles de ser redefinidos en función de otros contextos de lucha, de otras estrategias.
Pero si el trabajo postfordista implicó poner a trabajar la vida, como condición para la producción del valor, la precarización del trabajo implica igualmente precarización de la vida. Si es la vida la que produce, entonces la resistencia y la lucha de los sin trabajo, de los excluidos no es otra cosa que la búsqueda de defender, garantizar, remunerar y fortalecer esta productividad subjetiva, social, política.
La lucha de los piqueteros, de los desocupados se engarza, sin duda, con el nuevo ciclo de luchas de los DDHH. Conforman un plano homogéneo, sin fisuras, en tanto ambos son reivindicativos de protecciones y de garantías de vida. No solo material, sino social, política, afectiva y cooperativamente. No se trata solo de la lucha contra la precarización forzada, la pérdida del trabajo, la informalidad laboral que atenta contra la propia reproducción de la vida. La vida no puede ser reducida a simple biologización. De la misma forma los derechos no pueden ser reducidos a los términos tradicionales con los que se entiende la soberanía, forma jurídica que adopta la gestión política de los vivos.
El desafío que se presenta es doble: 1- ¿Cómo desechar la ingenuidad política y la fuga hacia ella y al mismo tiempo constituir el ejercicio de una resistencia verdadera, de antagonismo real con el comando capitalista de nuevo tipo? 2- ¿Cómo sortear la ambivalencia de una violencia ejercida sobre la vida misma y al mismo tiempo desarrollar una apuesta por la potencia de la vida?
Es el mundo de la biopolítica el que nos convoca en su doble significación, teniendo como sustrato la redefinición de la relación con la política. Nos acercamos a la gubermentalidad foucaultiana. Es decir nos imbricamos con aquel espacio- primera significación- que, relacionado con el gobierno, incorpora los discursos y prácticas desarrollados sobre los otros (la población) y ejercidos, ya sea a través de la soberanía, o a través de la disciplina. Pero también con aquel otro espacio -segunda significación- donde, y en la medida que el poder ha investido a la vida, englobamos también a la vida misma. Esta, la vida se ha convertido, por lo tanto, en un poder, donde el propio proceso de subjetivación ha dado lugar a la emergencia de un contrapoder que es resultado de la invención de la relación de la vida misma con el otro, en el corazón mismo de los dispositivos de objetivación. No se trata de otra cosa que de la construcción de resistencia en las propias mallas del poder.
Pacto fordista en el nuevo milenio?
Los comienzos del gobierno kirchnerista fueron también los del intento de construcción a partir de una política transversal – se buscaba recrear la vieja representación política en crisis a partir de nuevos espacios que incorporaban a sectores de diferentes partidos políticos tradicionales-. Ante el fracaso de estos primeros intentos el kirchnerismo apostó a la recuperación de las viejas estructuras políticas partidarias y sindicales, el Partido Justicialista y la CGT, así como a la recreación del Pacto Social. Objetivos, todos ellos, que tienen como ideal al pasado fordista antes que a un capitalismo de nuevo tipo.
Ya en los últimos tiempos del primer mandato kirchnerista el gobierno promovía la idea de una concertación social, cuyo horizonte era el de un pacto fordista aggiornado a los tiempos actuales: compromiso social entre estado, sindicatos y organizaciones empresarias para garantizar el crecimiento económico en consonancia con una distribución equitativa entre ganancias y salarios. Este proyecto, fiel a la tradición peronista de la idea de patria, nación y pueblo, fue enunciado por Cristina Kirchner antes de las elecciones de octubre de 2007 y espera su relanzamiento para el próximo 9 de julio, aniversario de la independencia nacional.
Sin embargo, en las actuales condiciones del capitalismo. Pacto es una quimera. En primer lugar, los sindicatos no contienen más que el 20 % de la fuerza de trabajo ya que el 40 % de los trabajadores son informales y un 35 % de ellos autónomos. A su vez el 30 % de los trabajadores formales, que forman la base de la pirámide, tienen un salario, por debajo de la línea de pobreza, de 750 $. En segundo lugar, el welfare state está en extinción: la salud, la educación y la vivienda ya no forman parte del salario social. La expropiación de ese común, propio del postfordismo privatizado, resulta en un pacto social mentiroso que congela en la precariedad y la flexibilidad a una gran parte de la fuerza de trabajo. El compromiso social promovido por el gobierno deja de lado el 60 % de la fuerza de trabajo. ¿Qué tipo de acuerdo es posible con los desocupados y pobres del conurbano? ¿Quién los representa en la mesa tripartita? Está claro que el acuerdo solo puede gestarse sobre el común. Pero, ¿quien define el común, hoy?
La economía Argentina ha crecido en los últimos años a tasas chinas debido a políticas oficiales neokeynesianas. Y el kirchnerismo, negando e ignorando las nuevas condiciones del capitalismo, apuesta a mantener dichas políticas. El Pacto Social al estilo de La Moncloa es el medio con el que pretende fortalecerlas. ¿Por qué el Pacto Social hoy? Porque la inflación ha entrado en escena desde hace un año y sus consecuencias son devastadoras para los asalariados; no solo se ha corroído el salario, sino que también ha aumentado la pobreza, invirtiendo la tendencia a la baja que mostró en los primeros tres años del gobierno. La reaparición de la inflación en época de globalización muestra los límites del crecimiento económico neokeynesiano en los marcos de las fronteras nacionales. El crecimiento encuentra rápidamente su techo y/o obstáculos para la acumulación virtuosa. Y ello no se debe tanto a la resistencia del trabajo como a los precisos límites nacionales y a la magnitud de mercado.
Volvamos sobre los treinta gloriosos años. Es conocida la respuesta del capital a la ruptura del pacto fordista, a la crisis financiera del estado. Para superar los límites que la acción de la resistencia obrera imponía se buscó desreglamentar y desregular el welfare state así avanzar en los diversos procesos de privatización. Sin embargo, en los países latinoamericanos, y en la actual fase de declinación del neoliberalismo, mientras aun se mantienen algunos aspectos del welfare state – algunas áreas de la jubilación, la educación y la salud- podemos afirmar que la batalla por el welfare state está aún viva, abierta. En efecto, si consideramos que el estado de bienestar no fue una concesión del estado en tanto proyección de la necesidad del capital, sino el resultado de luchas obreras; de la construcción de la potencia del trabajo, entonces, solo desde esta perspectiva sostenemos la actualidad de la batalla por el welfare state. Más aún, frente a la nueva organización del trabajo, en la medida que el trabajo, la capacidad laboral penetra todos los intersticios y nexos del proceso social la lucha por un estado de bienestar de nuevo tipo se ha ampliado, se ha extendido. Pero se trata en este caso de otro welfare state, alejado del trabajo asalariado industrial, de toda representatividad sindical e incluso de toda representación patronal. En definitiva alejado de cualquier reminiscencia del pacto fordista.
La disputa entre piqueteros y gobierno desplazó el terreno del enfrentamiento entre capital y trabajo. Si antes la referencia del enfrentamiento era el salario, hoy, la precarización del trabajo es tal que la lucha de piqueteros y desocupados se convierte en lucha por la vida, por subsistir. Y por ello mismo sus objetivos son también los del trabajador inmaterial: autónomos e independientes explotados por el capital a través de la red de cooperación productiva establecida entre ellos. Han visto como el biopoder avanza sobre sus vidas buscando un control que no tiene fronteras. El poder ha investido a la vida y a la totalidad de los acontecimientos que la constituyen, en el nuevo tipo de organización del trabajo ya no existe división entre tiempo de trabajo y tiempo de vida. Y la lucha, entonces, se da en el terreno del común, común que incorpora no solo el terreno de la cooperación social sino también el de las relaciones entre productores, sistema de red extendida y que conforma el lugar, hoy por hoy, de excelencia de la explotación.
En el contexto de la inmaterialidad del trabajo, la explotación ha devenido explotación, no tanto del consumo de la fuerza de trabajo, sino de su disponibilidad a ofrecerse como sujeto de la explotación. La explotación no es solo explotación en la producción, sino en la cooperación. El capital capta el excedente a nivel social. Y es a nivel social precisamente donde se da la lucha de los desempleados y precarios. La movilización de los precarios, la resistencia de los piqueteros, la demanda de los desempleados, la lucha contra la precarización de los informales dan muestra del perfil que adopta la lucha salarial en la sociedad biopolítica. ¿Qué otra cosa demandan, sino es vivienda, alimentación, salud y educación para sus hijos, el derecho a conformar familias no amenazadas por las condiciones de vida presente? Demandan participación en la vida ciudadana, en la creación de espacios públicos y nuevos modos sociales de vida. En última instancia, gritan que la vida no es negociable. ¿Qué diferencia tiene esta demanda con la del trabajador inmaterial: el de los servicios informáticos que solicita acceso libre al software vedado, o el del estudiante que demanda tiempo para su formación o la de la madre que permanece en la casa al cuidado de los niños? En todos los casos es la vida de los hombres y mujeres la que está en la base del proceso productivo; e inversamente la valorización atraviesa la existencia de cada uno de ellos. Lo que estos movimientos plantean es la creación de derechos relacionados con la reproducción de la vida, sanidad, cultura, educación de sus hijos. Pero en tal caso, ¿no son estos derechos una forma de salario relativos al ejercicio de los mismos? ¿No representa esto la idea del salario universal? Hemos pasado de la relación capital trabajo a la relación capital vida. Del asalariado a la vida del asalariado. Porque el capitalismo de hoy en día no es solo explotación del trabajo en el sentido industrial del término, se funda en el conocimiento, sobre lo viviente, la salud, la educación, el tiempo libre, la cultura, sobre los recursos relacionales entre los individuos. También se producen y venden formas de vida, no solo productos materiales o inmateriales. Por ello es que la vida y sus diferencias deviene factores de valorización. Resistimos a las políticas neoliberales a partir de la afirmación de la potencia de la vida. Y así nos separamos de las demandas de izquierda tradicional que luchan por aumento de Planes sociales, medidas ciertamente necesarias pero pensadas por fuera de las nuevas formas de acumulación y de vida. Se corre el riesgo de reducir la lucha a medidas neokeynesianas o desarrollistas de gestión y de regulación de los pobres, con o sin trabajo.
El conjunto de políticas de resistencia desde el 19 y 20 de diciembre en Argentina: cortes de calles y rutas, desarrollo del movimiento de piqueteros, cacerolazos, lucha de los ahorristas contra las confiscaciones bancarias, asambleas barriales, fábricas recuperadas, redes de economía solidaria, dan cuenta de una nueva configuración del trabajo y de su voluntad de moverse políticamente más allá del estado y del mercado. La dinámica social que adquirieron los movimientos a contrapelo del debilitamiento manifiesto de la relación salarial canónica, confirma la potencia del movimiento y da cuenta, simultáneamente, de cuanta libertad puede generar la crisis de la relación de servidumbre que expresa el trabajo asalariado. Estas figuras múltiples, irreducibles a la del trabajador industrial y sus formas de organización no pueden ser representadas por el sujeto único de la clase obrera, antes capaz de unificar la totalidad de comportamientos. El gobierno, como la izquierda tradicional, considera que las políticas activas de empleo son la condición necesaria para salir de la sociedad de la asistencia y refundar una sociedad del trabajo. El trabajo dignifica nos dicen weberianamente. La realidad demuestra que el empleo no es gran cosa en la sociedad precarizada y flexibilizada; los working poor portadores de salarios por debajo de la línea de pobreza lo confirman. Nos enfrentamos a la primera desconexión al interior de la lógica del capital global: el empleo no es garantía de un ingreso aceptable. La experiencia argentina igualmente es testigo de que el crecimiento de la producción y los beneficios no garantizan la creación de empleos como en la etapa fordista. El pasaje del welfare state al workfare state – para dar respuesta a las críticas de los industriales y cámaras empresarias y subordinar lo social a lo económico, o para restablecer el orden correcto entre producción y redistribución, según la versión del ministerio de trabajo-, debe ser subvertido radicalmente. No se trata de incorporar el crecimiento de los gastos sociales sino de analizar su composición, en la medida que es su composición la que expresa el alcance y contenido del proyecto social perseguido. Ni las fuentes de la producción se encuentran en las empresas, ni el trabajo asalariado es el único creador de riquezas en estos tiempos. La valorización capitalista no se funda hoy solamente sobre la explotación del trabajo asalariado sino sobre aquella de la propia vida, sobre la explotación de lo que la humanidad produce en común, es decir los recursos comunicacionales, científicos, intelectuales, así como los recursos naturales, genéticos, los territorios. Captación que se asienta sobre nuevos dispositivos de poder a los que se integran los clásicos conocidos de las empresas. ¿Qué otra cosa son las finanzas globales y las nuevas leyes de propiedad (derechos de autor, copywright, patentes), sino la moderna modalidad de captación de la valorización de la cooperación social?
Es necesario precisar los marcos del nuevo pacto en momentos en que la relación salarial ha dejado de constituir la base de la gran confrontación entre capital y trabajo. Cuando la ley del valor y de mediación ya no funciona como parámetro de mensura de los agregados económicos, ¿qué es lo que debe ser distribuido?, cuando el modo de producción postfordista elimina la frontera entre producción y reproducción fordista y por tanto la propia consistencia de la riqueza. Y, en cuanto a la torta a distribuir; ¿cómo medir la dinámica del desarrollo del Pacto si ya no podemos hablar de correlación entre el incremento del PBI y el incremento de la ocupación? ¿Cuál es el espacio público del pacto ante la crisis inobjetable de la soberanía del estado nación? El único pacto posible es el que pone al trabajo por encima de las relaciones capitalistas de producción y de dominio abriendo nuevos espacios y tiempos constructivos. No se trata de la distribución de los frutos del crecimiento, sino de las dinámicas de producción de riquezas. La constitución de las bases materiales de la ciudadanía se identifica con esta dinámica de producción de la riqueza: construir riqueza, producir riqueza equivale a tener derechos. Se trata de pensar estrategias que bloqueen esta apropiación de bienes colectivos y comunes por las finanzas globales y al mismo tiempo que se reconozca la nueva naturaleza de la cooperación social de producción de bienes colectivos y comunes y los sujetos de esta producción. Por ello la necesidad de un ingreso garantizado como necesario proceso que abra una fase constituyente a nivel económico y social; no como elemento de la redistribución sino como radical superación de una repartición de la riqueza fundada sobre el capital y el trabajo; como elemento de superación de la relación entre cooperación social y la división smithiana del trabajo, que se afirme como verdadero elemento de autovalorización de la cooperación, de la potencia creadora de la multiplicidad y de la diferencia.
El conflicto con el campo
Los cambios producidos en la sociedad argentina en los últimos 25 años se han puesto de manifiesto en el conflicto que enfrenta al gobierno kirchnerista con los sectores agro exportadores. La estructura socioeconómica se ha modificado debido a cambios en la composición técnica y política de la fuerza de trabajo urbana y agraria. Veamos.
El 10 de marzo pasado el gobierno introdujo una sustancial modificación en el sistema de retenciones aplicado a las materias primas de exportación nacional, fundamentalmente a la soja. Se establecía que las retenciones serían móviles acompañando las variaciones de los precios internacionales. Era una manera de independizar los precios nacionales de las variaciones internacionales. Antes del 10 de marzo las retenciones correspondían al 35 % para la soja y el trigo.
La medida, se extendía a los productores de soja incluidos quienes arrendaban los campos sojeros y era independiente del volumen de producción. Motivó la reacción inmediata de todo el sector, desde los grandes hasta los pequeños productores. Más allá de lo legítimo y políticamente correcto de las retenciones, al no hacerse distinción respecto al volumen de producción se afectaba por igual la ganancia de los pequeños productores y la de los pool de siembra. La respuesta fue un lock out empresario impulsado fundamentalmente por los pequeños productores. Los piquetes en rutas (110 días) impidieron la circulación de mercaderías, provocando desabastecimiento de alimentos en las grandes ciudades. El clima político se tensó.
El gobierno y sus aliados interpretaron la respuesta como un proto golpe de estado y de desestabilización política y responsabilizaron al campo por el alza de precios debidos al desabastecimiento. La lectura oficial del conflicto se afirmaba en la consideración histórica del campo como enemigo del peronismo y de cualquier posición de centroizquierdista. El conflicto adoptó rasgos políticos ante que económicos. El kirchnerismo se apoyó en la CGT y los movimientos sociales aliados para disputar con el “campo”. Acostumbrado a escoger al enemigo para demonizarlo, el kirchnerismo cometió el error político de elegir, a una oligarquía vacuna ya inexistente. Actualmente los grandes productores agrarios del campo argentino no son más dueños de la tierra. Son grupos externos que invierten la renta extraída del capitalismo de nuevo tipo (cognitivo). Grobocopatel, el mayor sojero del país, se reconoce irónicamente como un “sin tierra”.
El kirchnerismo, ignorando los cambios en la producción agrícola y la nueva composición de clase en el campo, recurrió a viejas categorías políticas, binarias y demodée, como pueblo vs oligarquía, imperialismo vs nación, patria vs colonia, golpe de estado vs democracia, y otras como “gorilas” y “cipayos”. Así logró arrastrar a importantes sectores de la intelectualidad académica y política que vieron en la resistencia agraria una actitud destituyente.
Veamos los cambios acaecidos. En los últimos 25 años: 1- se ha extendido la frontera agrícola, en especial debido al cultivo de la soja, a expensas de otras explotaciones, impulsadas por el alza de los precios internacionales. 2- la introducción de NT (siembra directa) y transgénicos (agroquímicos) han aumentado notablemente los rindes por Ha relativizando el componente de renta diferencial natural de la tierra, reduciendo notablemente los tiempos de producción y permitiendo dos o tres cosechas anuales en el mismo predio. 3- el viejo chacarero, que arrendaba la tierra al propietario para una explotación de tipo familiar, ha sido reemplazado por un chacarero que es propietario de pequeñas y medianas extensiones y que explota el campo con muy poco personal. Necesita asociarse con otros productores pequeños para enfrentar los mayores costos.. Este nuevo sujeto, que manifiesta una subjetividad diferente, proclive a defender el producido de su trabajo, surge luego de la crisis de la década del 90’. 4- aparecen nuevos inversores agrarios que, sin pertenecer al campo, succionan la renta producida en otros espacios, característica del nuevo tipo de capitalismo, y la vuelcan a la explotación agraria ante las notables ganancias alcanzadas en los últimos años en este sector. Se trata de los grandes pools de siembra. 5- se produce el desplazamiento de un conjunto de medianos productores que prefieren alquilar sus tierras a los pool de siembra garantizando la renta sin correr riesgos. 6- se concentra la riqueza y la producción aunque no se concentra la propiedad: el 80 % de los productores pequeños y medianos producen el 20 % del total del agro. En el caso de la soja 4 % de los establecimientos (en total son 75000) acaparan el 60 % de la producción, es decir que el 96 % tienen solo el 40 % de la cosecha.
Simultáneamente se produjo un vaciamiento en las organizaciones del agro: Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Rurales Argentinas (CRA), Confederación Inter Cooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Sociedad Rural Argentina (SRA) quienes dicen representar los intereses del “campo”. El censo de 2002 muestra que solo el 4 % de los productores se encontraba afiliado a alguna de estas organizaciones. A pesar de ello la CRA (grandes explotaciones manejadas por sus dueños, 1000 Has- antes más ganaderos y hoy ganaderos y agrícolas) dice representar a 100.000 productores; CONINAGRO (Cooperativas dedicadas a la actividad comercial antes que productiva) a otros 100.000 mientras que la FAA y la SRA (gran productor latifundista ganadero, hoy dedicado también a la producción agrícola) a 10.000 productores cada una. Es la mismísima representatividad gremial de los productores agropecuarios la que ha entrado en crisis. Ella es el reflejo de los cambios ocurridos en la composición de clase del campo y de la entrada de los nuevos actores.
El conflicto agrario de estos días ha sido dirigido en el interior -en aquellas ciudades de 50.000 habitantes asociadas a la producción agrícola- por los llamados “autoconvocados del campo”. Son pequeños y medianos productores, que, siguiendo la práctica de asambleas por zona o en las ciudades del interior que fueran centro del conflicto, se nuclearon mostrando comportamientos anárquicos, con diferencias y muchas veces sin afinidades manifiestas entre ellos (cada uno cortaba las rutas según modalidades diferentes), han traído a la memoria el recuerdo de las asambleas urbanas del 2001. Los autoconvocados son al campo lo que la multiplicidad de singularidades asamblearias lo fueron a las grandes ciudades en el 2001. Mientras tanto, el gobierno, eligiendo a las entidades gremiales del agro como interlocutores, las legitimaba. Buscaba institucionalizar el conflicto para evitar que se saliera de cauce. El nuevo tipo de capitalismo promueve la construcción de nuevas resistencias. Lo novedoso de este proceso parece ser la generalización de la resistencia en cada uno de los nodos que comportan la trama de la subsunción real. Resistencia al interior de cada una de las mallas del poder, como dispositivo multiforme de producción subjetiva. La biopolítica no solo implica la extensión de la contradicción económica al conjunto del tejido social sino que también significa la singularidad de las resistencias que permanentemente atraviesan el tejido social.
Ante esta prolongada disputa el grueso de la sociedad urbana permaneció expectante, mirando con desconfianza al gobierno ante la premeditada prolongación del conflicto que buscaba debilitar y así derrotar al campo. Los habitantes de las ciudades del interior del país tuvieron un comportamiento diferente, o porque estaban directamente involucrados, o por la desaceleración económica manifiesta, producto del paro agrario en las ciudades medianas y pequeñas. El gobierno apostó a borrar la oposición del campo sin medir los costos políticos: ha quedado atrapado entre los intentos de quebrar la oposición del agro y la oposición dentro de la propia tropa peronista que se muestra crítica a las retenciones.
La izquierda tradicional que desconoce la nueva composición social y los nuevos actores en el campo, critica por igual a unos (el gobierno) y otros (los del campo) concentrando sus análisis en la relación capital trabajo del campo (explotadores y explotados). La oposición política institucional defiende el paro agrario y se opone a las retenciones porque estas serían usadas para disciplinar monetariamente a los intendentes y gobernadores de las ciudades del interior.
Solo algunos sectores minoritarios plantean críticas más sensatas: necesidad de superar el modelo de producción sojero, Plan de Desarrollo para el agro y para las economías regionales, discriminación en las retenciones (pequeños y grandes productores). Estos grupos buscan utilizar el conflicto como vehículo para democratizar las relaciones entre el gobierno central y las provincias. Suerte de búsqueda de equidad fiscal para compartir las retenciones.
Existe una fuerte sospecha de que, ante la dificultad para poder obtener prestamos en el extranjero y los vencimientos importantes de deuda en este año (18.000 millones de U$S), el aumento de las retenciones serán destinados a pagar parte de los vencimientos del 2008 y no, como afirma el gobierno, a mejorar el ingreso.
Lo cierto es que la pulseada no sólo ha generado un desgaste en el poder político de Cristina Fernández, al que le queda por delante casi un mandato completo, sino también un progresivo deterioro económico observable en la fuerte caída del consumo en las ciudades del interior.
Importantes sectores de la sociedad se han mantenido al margen del conflicto, como espectadores, no por desinterés, sino porque el conflicto no los ha convocado efectivamente; aunque preocupados, por la tensión política y la polarización social alcanzada. Son sectores sensibles, potencialmente movilizables, pero desconcertados ante un discurso tradicional, impulsado por el oficialismo y sectores de la oposición que califica al campo con los viejos cliches de oligarquía y ganancias excesivas, y aquel otro discurso oficial que se arroga todo el progresismo en este conflicto. Es un signo de época que los discursos se proyecten de manera difusa, combinada y entremezclados.
Se trata en muchos casos de trabajadores pertenecientes a la nueva composición técnica del trabajo -que expresan una nueva composición social, cognitiva, abstracta, móvil, precaria-, forman parte en algunos casos de la oposición democrática en sindicatos de educadores del interior del país. Muchos se acercaron al kirchnerismo de los primeros tiempos motivados por su política democrática (DDHH) y de transversalidad, superadora de las estructura partidarias (PJ) anacrónicas y desprestigiadas. La perspectiva de ascenso económico y social que se expresara en la recuperación salarial inicial como la del empleo estable en las primeras épocas del kirchnerismo fue también motivo del acercamiento. Se trata de sectores que viven en las grandes ciudades del interior y de la Provincia de Buenos Aires cuyo desencanto con el gobierno se puso de manifiesto en las últimas elecciones. Son sectores políticamente erráticos y cuya sensibilidad los hace potencialmente absorbibles para una política de radicalización democrática, refractarios a la política ideologizada de izquierda tradicional y a las ideas nacionalistas o estatalistas. Se alejaron del kirchnerismo cuando aparecieron los manejos discrecionales del poder y los perfiles autoritarios. Son sectores en los que lejos de profundizar lo individual, se potencia la singularidad y la participación en el común en construcción. Inmanencia de la singularidad en el común, diríamos
Debemos apostar a la potencialidad subyacente de estos amplios sectores sociales, trabajadores autónomos de segunda generación, que sin pertenecer a partidos políticos, muestran un particular acercamiento a la política, permeables a la solidaridad social y fácilmente movilizables desde una perspectiva de democracia radical. Se trata de los productos más genuinos de la crisis de representación política. Estamos frente a un sistema de formación y transmisión de voluntad política de nuevo tipo que parece ser la que justamente caracteriza a la democracia de hoy.
Córdoba, julio 9 de 2008.
